“ Si Zapata viviera, en su madre los pusieera"

Un campesino de San Salvador Atenco

                      La última semana México vivió dos acontecimientos memorables. La visita del papa Juan Pablo II para canonizar al beato Juan Diego ( Que según la tradición católica mexicana es el primer indio al cual se le apareció la virgen María), y la cancelación al día siguiente de la partida del papa, del proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco; multimillonaria obra que el gobierno foxista trató de impulsar contra viento y marea en una región de tierras ejidales ( comunales) donde sobreviven los últimos campesinos habitantes de la periferia metropolitana  del Distrito Federal.

                      Los dos hechos están enlazados, pues la visita del papa y el beso al anillo del pontífice que realizó públicamente el presidente Fox hizo tambalear el laicismo oficial del estado mexicano, en tanto que la cancelación del proyecto de aeropuerto ante la masiva protesta campesina que amenazaba desbordarse hacia el centro y sureste mexicanos, ha significado que efectivamente hay un cambio de estilo en el ejercicio del poder en México.

 Un presidente Priísta posiblemente hubiera recurrido a la imposición y a la violencia estatal para concretar la obra, el presidente Fox, inspirado por Juan Pablo II y el nuevo santo mexicano, optó por la retirada estratégica, asumiendo los costos de esa decisión en un país donde no se pregunta mucho cuando los pobres son sacrificados por el progreso.

Por ello los campesinos de Atenco, ejido ( comunidad campesina) afectado por la expropiación,  que tan duramente pelearon por mantener sus tierras han considerado que el  santo indígena Juan Diego les ha hecho un milagro, pero además están pletóricos porque le han ganado una pelea al gobierno. En México el gobierno es percibido por los sectores populares como una especie de patrón omnipresente, al cual de vez en cuando hay que darle una “ apretadita “ ( confrontarlo) para que no abuse.

Lo cierto es que el proyecto del aeropuerto de Texcoco, iba a ser la obra monumental del sexenio del presidente Fox, se convertiría en el símbolo del progreso y la modernización para un país que “ no le tiene miedo a la globalización “ como le gusta decir a Don Vicente. Tanto el Distrito Federal como el Estado de México se hubiesen beneficiado económicamente con la nueva infraestructura que se pondría en marcha. Miles de empleos nuevos, proyectos viales, comercio, inversiones, hasta mejoramientos ambientales que permitirían una mejor vida a los últimos patos y aves migratorias que sobrevuelan y anidan en los escasos bolsones de agua, de lo que un día fue, una de las lagunas más grandes del centro mexicano.

El aeropuerto reactivaría la economía del centro de la república, pero sería sobre todo, un símbolo de la globalización a la cual aspira la clase media mexicana y su poderoso empresariado. Multinacionales francesas y norteamericanas ya se preparaban para concursar en pos de las obras y se formaban alianzas económicas para fortalecer posiciones. Se había iniciado también una especulación inmobiliaria en los terrenos y viviendas colindantes con el futuro aeropuerto y el gobierno priísta del estado de México, se sentía ganador y su jovial gobernador  incluso presidenciable para el 2006.

Hay que recordar que el fallido aeropuerto se construiría en la zona oriente del estado de México, la zona más pobre y más poblada. La frontera entre el Distrito Federal y el Estado de México en realidad es casi invisible. Los municipios urbanos mexiquenses y las delegaciones Defeñas ( municipios),  cobijan a una de las concentraciones poblacionales más grandes del planeta, más de 22 millones de habitantes.

Por tanto la construcción del aeropuerto durante cinco años implicaba un cambio sociológico y una acumulación de capital que podría transformar el desarrollo económico del centro de la república. Todo estaba previsto y unas decenas de tecnócratas, asesores  y políticos se encargaban de afinar el proyecto final. Pero alguien había olvidado un pequeño detalle, las tierras donde se construiría el aeropuerto tenían dueño, y estos eran nada más y nada menos que trece ejidos. El diagnóstico fue fulminante, los campesinos venderían sus tierras vía un decreto de  expropiación y serían incorporados al proyecto final del aeropuerto como trabajadores.

A nadie se le ocurrió que a lo mejor esos campesinos supervivientes del inmenso monstruo urbano, auténticas islas en la megápolis que va de Toluca a Puebla, no necesitaban ni tenían interés en vender sus tierras. Si no lo habían hecho cuando el gobierno de Carlos Salinas modificó el artículo 27 de la constitución, que desde la época de la revolución preservaba la propiedad agraria comunal, introduciendo el mercado en las tierras comunales, menos lo iban a hacer por un criterio de utilidad pública que tenía todos los visos del despojo.

Al día siguiente de anunciarse la expropiación de las tierras comunales, los campesinos organizados en asambleas, con el apoyo de sus hijos que son estudiantes universitarios formados en la UNAM y la Universidad Agraria de Chapingo, fuertemente influidos por el alzamiento del EZLN,  con la consigna de defender sus tierras contra la expropiación, alzando como símbolo el machete y dando vivas a Emiliano Zapata se dirigieron a bloquear carreteras y vías de acceso a sus comunidades.

Había comenzado una lucha ejemplar contra el poder político y económico, contra el neoliberalismo,  contra la globalización que les quitaba sus tierras, los expulsaba al comercio ambulatorio y en el mejor de los casos los convertía en mano de obra barata para la construcción del aeropuerto;  y con un desalentador destino de trabajadores de servicios, limpiadores y maleteros condenados a uno o dos   salarios mínimos. Los campesinos de Texcoco decidieron defender su propiedad, su forma de vida y su futuro como lo hubiese hecho cualquier empresario ante un decretazo expropiatorio.

Los ejidatarios rápidamente diseñaron una estrategia que combinaba las movilizaciones con el machete, el uso de los medios de comunicación, los amparos judiciales y la coordinación con otros grupos y organizaciones agrarias, indígenas y campesinas, la mayoría de ellas de las zonas por donde pasaron en caravana hace más de un año los comandantes indígenas del EZLN durante su marcha a la ciudad de México.

El movimiento fue creciendo y comenzaron a converger organizaciones políticas y estudiantiles, como el Consejo General de Huelga de la UNAM agrupación muy golpeada por la represión que lideró la huelga más larga e irracional que ha tenido la UNAM en las últimas décadas. También aparecieron unas Brigadas Internacionales del País Vasco, justo ahora que México ha dejado de ser tierra de asilo para los refugiados políticos vascos ( donde a veces cuelan algunos etarras) y un misterioso y fantasmagórico “ Comité de solidaridad con la guerra popular en el Perú “ que distribuía panfletos tomados del Diario de Marka Internacional con una foto de Abimael Guzmán y la consigna, mesiánica y desafiante de “ El más grande marxista leninista vivo en el mundo “.

El movimiento en ese sentido amenazaba ser infiltrado, pero a los campesinos eso les tenía sin cuidado.     

Lo curioso de la lucha de los ejidatarios se produjo cuando algunos de los amparos que interpusieron fueron admitidos por los jueces. Más peso tenía también amparos presentados por autoridades municipales que se consideraron marginadas del proceso y una controversia constitucional interpuesta por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador contra la decisión de construcción del aeropuerto. Todo ello amenazaba empantanar el proceso de expropiación por varios meses e incluso años. La judicialización de la política y el proceso de toma de decisiones era evidente.

 Sin embargo lo que indignaba a los ejidatarios era el ofrecimiento del gobierno de otorgar sólo 7 pesos por metro cuadrado de terreno. Es decir menos de un dólar. Como el área sujeta a expropiación lindaba los cinco mil kilómetros cuadrados, el valor total no sobrepasaba los 600 millones de pesos. Era la parte barata del negocio. La resistencia de los ejidatarios se orientó a rechazar el ofrecimiento compensatorio. Sin embargo de los trece ejidos afectados alrededor de 10 se mostraron permeables a vender sus tierras, pues la expropiación no los afectaba tanto, en cambio los tres ejidos restantes con San Salvador Atenco a la cabeza rechazaron cualquier tipo de negociación, había decidido no vender sus terrenos.

El caso de San Salvador Atenco era paradigmático, casi el 75 % de sus tierras serían expropiadas, es decir la construcción del aeropuerto implicaba su extinción como comunidad campesina. Algunos juristas comenzaron a hablar de genocidio contra la población de ese ejido.

La lucha en sí la lideró esta comunidad que en algunos momentos amenazó en convertirse también en una lucha entre comunidades, pues los ejidos más dispuestos a negociar la venta de sus tierras, participaban en las asambleas pero por lo bajo, sus autoridades mantenían conversaciones con el gobierno federal y estatal mexiquense.

La situación tuvo un punto culminante cuando se hizo pública una sentencia del tribunal supremo ordenando al gobierno federal el pago de una indemnización  a favor de una familia que había sido expropiada en sus tierras en los años ochenta, tierras que fueron utilizadas por el gobierno mexicano para construir viviendas e integrar la creciente mancha urbana del Distrito Federal. Esta familia había lidiado contra el estado durante casi veinte años sin resultados, hasta que el caso pasó a manos de un bufete privado, el cual consiguió la sentencia favorable en apenas tres meses.

Hasta allí no había mayor problema, salvo un detalle. El abogado que defiende a la familia expropiada es nada menos que un senador de la república, y para mayor abundamiento uno de los líderes más preclaros del PAN, el partido en el gobierno. Es el mismísimo Senador Diego Fernandez de Cevallos, más conocido como “ el jefe Diego “. Este hombre cuyo aspecto hace recordar al emperador Maximiliano impuesto por los franceses a los mexicanos en el siglo XIX, es además presidente del Senado y futuro presidenciable de su partido. El conflicto de intereses era evidente.

Pero aparte de la turbiedad que implicaba reconocer a un senador litigando contra el estado al cual supuestamente debía defender, haciendo uso de sus influencias políticas en beneficio de particulares, lo que enardeció a la opinión pública y a los campesinos de Atenco fue el monto de lo ganado en el juicio. La indemnización que debía pagar el estado superaba los mil millones de pesos, más del doble de lo que se ofrecía a los ejidatarios objeto de la expropiación para construir el aeropuerto. Esta situación funcionaba como radiografía, aparecía exultante la verdadera naturaleza del estado y la explotación del campesino ejidatario.

A partir de ese momento los campesinos de Atenco radicalizaron su lucha y sus amenazas, en tanto crecía la solidaridad interna e internacional con ellos. Las agencias de noticias internacionales prestaban poca atención al fenómeno, hasta que una violenta manifestación a mediados del mes de julio que fue duramente reprimida por las autoridades mexiquenses produjo heridos, lesionados, detenidos, secuestrados y un muerto indirecto ( suena raro pero así lo relataron los periodistas, el muerto indirecto fue un octogenario ejidatario que recibió unos golpes de la policía, que se trató en un hospital pero no informó a nadie que tenía diabetis, pocas horas después, al retirarse a su domicilio murió con un fulminante  coma diabético)

Estos hechos llevaron al presidente Fox a una suerte de revisión del proyecto de aeropuerto en Texcoco que es el municipio donde están los principales ejidos afectados. Por otro lado, el consenso para la construcción del aeropuerto se estaba debilitando hora tras hora. Una encuesta difundida en esos días mostraba que casi el 70 % de la población consultada estaba de acuerdo con la lucha de los ejidatarios de Atenco. El PRD estaba en contra del proyecto y el PRI oficial guardaba silencio, situación que era manifiesta por el enfrentamiento existente entre el Líder Roberto Madrazo y el gobernador priísta mexiquense  Don Arturo Montiel. El PAN seguía apoyando el proyecto, tanto por lealtad a Fox como por consecuencia con la base social que representa.

La visita del papa en ese sentido fue utilizada para cambiar el clima adverso que enfrenta Fox por los escasos resultados de su gestión, y ello exigía una definición respecto al aeropuerto de Texcoco. Comenzó a filtrar entre empresarios y medios afines que a lo mejor “ Había otras opciones “ y que su gobierno “ No perjudicaría los derechos de nadie “, sin embargo los funcionarios negaban la cancelación del proyecto y se mantenían las negociaciones con los ejidatarios más proclives a un acuerdo.

El gobierno subió entonces su oferta de 7 pesos por metro cuadrado a 50 pesos. Los ejidos más negociadores dieron casi su aprobación, pero los tres ejidos liderados por Atenco se cerraron a cualquier oferta, ellos jamás venderían sus tierras, y sin las tierras de esos ejidos el proyecto se volvía técnicamente inviable. Para el gobierno la salida era entonces la expropiación forzosa con violencia incluida o la retirada estratégica buscando otra opción menos conflictiva. Además los tecnócratas difundieron información sobre el costo de los terrenos y en ellos aparecía que el nuevo valor ofrecido a los ejidatarios era incluso superior al valor de las tierras expropiadas para ampliar el aeropuerto de Denver en Estados Unidos.

Finalmente el gobierno asumió que el costo y el tiempo desarticulaban el proyecto original, y sobre todo era necesario desactivar el foco rojo de una marea campesina que podría activar a otros movimientos indígenas y rurales, más aún cuando el año próximo por mandato del TLC se liberaliza la importación de productos agrarios y pecuarios desde los EE.UU y la agricultura e industria pecuaria mexicana no está en condiciones de competir. Situación que se agrava cuando el gobierno americano acaba de aprobar millonarios subsidios a su agricultura con el claro objetivo de hacerse con el mercado mexicano el año próximo. Nadie sabe que va a pasar con la pequeña y mediana producción agrícola mexicana de la cual viven los campesinos y poblaciones rurales.

La cancelación del proyecto se hizo en el ambiente y clima de la visita papal. Besando el anillo del papa, el presidente Fox rompía la tradición laica, violentaba la constitución y expresaba su subordinación a un mandatario extranjero. En la práctica cada vez que el papa llegaba de visita a México, los presidentes del PRI cuidaban las formas pero no ocultaban su devoción católica. El gesto de Fox contentaba a la derecha católica mexicana, a la iglesia y su alta jerarquía, y a los grupos integristas como los Legionarios y el Opus Dei.

Cancelar el proyecto de Texcoco al día siguiente de la visita de Juan Pablo II “ mataba “ cualquier polémica sobre el gesto de Fox de besar el anillo papal.

Lo acontecido en Atenco se suma a otros movimientos latinoamericanos como el frente regional contra las privatizaciones en el sur peruano, son movimientos contra una forma de hacer política y contra el neoliberalismo autoritario que no dialoga sinó impone. Es una expresión que nuevos actores sociales haciendo uso de la legalidad y con estrategias bien diseñadas derrotan a esta forma de globalización excluyente impulsada por la élite transnacional mundial.

Pero no perdamos de vista, que los alcaldes del sur peruano no estaban en contra de la privatización sinó en contra de la forma como esta se realizaba, prescindiendo de las regiones. No olvidemos que los campesinos de Atenco no estaban en contra del progreso sinó en contra de la imposición. Estos actores están convirtiéndose en una fuerza que desea y aspira una modernización incluyente.

El fenómeno del voto por Evo Morales en Bolivia,  los movimientos sociales que afloran en la Argentina tras la crisis, son manifestaciones más radicales, donde la política pierde su capacidad de integración y la sociedad comienza a buscar formas alternativas de acción social. En Brasil y Perú las elecciones próximas contienen este proceso o tal vez lo posterguen. Lo cierto es que la política y los sistemas de partidos deben redefinirse, de lo contrario seguirá ahondándose la percepción social que constituyen una nueva forma de oligarquización del poder político.

El modelo neoliberal ha fracasado rotundamente no sólo en lo económico sinó en lo político. Pero la solución no pueden ser las viejas formas de acción estatal sinó propuestas incluyentes, pactados y concertados donde el rol promotor del estado se revindique, pero también donde el mercado y la sociedad civil actúen con eficacia y democracia.

Tal vez los milagros no existan, pero Juan Diego le dio un empujoncito a la lucha de los campesinos de Atenco por su tierra y su dignidad.

Eduardo Bueno León

*Sociólogo y Politólogo egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Master en Estudios del Desarrollo por la misma universidad. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana del DF, La Universidad Anahuac y la UDLA – sede México DF. Es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.