TOLEDO: EL FIN DE LA TRANSICIÓN

                        El Gobierno de Alejandro Toledo ha decretado el estado de emergencia nacional ante los diversos movimientos de huelga que han estado impulsando sindicatos y productores. Se han suspendido algunas garantías que amparan derechos fundamentales y se ha encargado al ejército cuidar el orden interno. Trece regiones se encuentran ya bajo control militar. El presidente Toledo en su mensaje dijo amenazante “ La tolerancia tiene un límite “.

                       Tres consecuencias inmediatas se derivan de esta decisión equivocada y a toda luz regresiva.

                        La primera es el aborto definitivo de la llamada Transición a la Democracia que Toledo y sus asesores mal usaron para justificar las inercias e incompetencias de su gobierno. No hay transiciones bajo estados de emergencia, una vez instaurado un nuevo gobierno democrático. El gobierno toledista, al no reconocer que una “ Gobernabilidad Democrática “ implica necesariamente políticas económicas incluyentes y que una “ Transición a la Democracia “ implica un amplio consenso concertador, ha evolucionado a una suerte de engendro  represivo, desorganizador e involucionista que demuele los últimos vestigios de una legitimidad ganada en las urnas.

                        Toledo no ha logrado ni impulsar la transición ni asegurar la gobernabilidad democrática y eso tiene un nombre: Ineptitud para gobernar.

                        La democracia peruana posee los mecanismos políticos e institucionales adecuados para enfrentar la violencia social que puede surgir en un proceso de movilizaciones populares y sindicales. La policía nacional puede cuidar perfectamente las carreteras, el diálogo gobierno-sindicatos debe tener seriedad y no convertirse en el juego del gato y el ratón, se pueden movilizar mayores recursos políticos para atender las demandas sociales que siempre se estrellan con la carencia de recursos, por ejemplo la austeridad pública republicana que el toledismo viola sistemáticamente o la reforma tributaria tantas veces postergada, así como el fín de los privilegios a las empresas privatizadas.

                        Los maestros del SUTEP requieren respuestas económicas y políticas, no acusaciones e intentos de satanización de estar infiltrados por el senderismo. Y el diálogo no puede ser sustituido con la declaración de ilegalidad de su huelga, prohibiendo el derecho fundamental a la reunión pública y sacando al ejército a las calles.

                       Segundo, el gobierno toledista ha optado por la represión y la militarización frente a los reclamos sociales. Este recurso autoritario va en sentido contrario a la doctrina democrático-constitucional peruana que considera los estados de exepción, sólo en circunstancias de fuerte conmoción interna, ya sea por guerra externa o guerra civil, como aconteció en los años ochenta. Los regímenes autoritarios han utilizado los estados de exepción para reprimir las movilizaciones populares y las demandas sociales, que sus políticas económicas generan, y en el Perú lo usaron el dictador  Morales Bermúdez y el fugitivo  Alberto Fujimori. Ni el gobierno de Belaúnde ni el de Alan García usaron el estado de exepción para reprimir demandas  y protestas sociales. Los gobiernos democráticos usaron el Estado de Emergencia para asegurar el orden mientras se combatía al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.

                        El presidente Toledo se ha puesto de lado de Morales Bermúdez y Fujimori. Irresponsablemente con su decisión está legitimando “ la mano dura “ del régimen al cual combatió cuando lideraba la oposición. Toledo ha claudicado ante el autoritarismo, llevado por una situación de impotencia ante su manifiesta ineptitud y la de su equipo para entender que la sociedad peruana exige un cambio del modelo económico, que no está generando empleo ni mejorando los salarios y los jornales por más que el crecimiento sostenido lleva ya quince meses seguidos.

                        La democracia implica tolerancia, si el gobierno dice que la “ Tolerancia tiene un límite “ está cancelando el espíritu democrático del sistema político. Está optando por la intolerancia frente a las demandas sociales. El estado democrático no puede vaciarse de contenido porque no puede solucionar una huelga. El precedente es funesto, a partir de ahora Toledo usará el estado de exepción como un recurso político sustitutivo frente a los reclamos sociales. Enfrentará al ejército con los sindicatos, a policías armados contra estudiantes desarmados, a los gritos de protesta responderá con balas.

                        Esa no es la democracia por la cual lucharon los peruanos contra el fujimorato encumbrando a Toledo. El presidente cuya popularidad no supera el 15 % ( El denostado Hugo Chávez no baja de 35 %), tiende a aislarse, se autoarrincona, no es capaz de generar escenarios alternativos, se deja atrapar en lógicas de suma cero.

                      Y todo ello sucede cuando ha concluido la reunión del Grupo de Río con la pomposa declaración del Cusco donde se hacen llamados a favor de la democratización y a la lucha contra la pobreza. El estado de emergencia decretado casi a las pocas horas que los presidentes invitados  abandonasen el país, convierten en una caricatura al gobierno de Toledo, exhiben los enormes pies de barro en los que se sustenta y ahondan la percepción externa de inviabilidad económica y política del Perú.

                       Tercero, es notorio que se está produciendo una reactivación de la lucha social y regional por parte de actores que fueron fuertemente golpeados durante el fujimorato. Pero el gobierno toledista ha tenido dos años para crear las bases institucionales de canalización de conflictos, de organización de un orden político donde los beneficios no se concentren y más bien se descentralicen, de modificar las formas de acumulación sustentadas en privilegios. El Perú es un país pobre donde el privilegiado que ganó su riqueza sobre la base del soborno, el engaño, el fraude, no debe gozar de impunidad.

 Un ejemplo es la legislación especial tributaria a favor de las empresas privatizadas que a estas alturas del proceso político no puede ser ya considerada intocable, más aún cuando el entrampamiento constitucional no resuelve las bases de la estabilidad jurídica. Y otra vez aparece la incompetencia, ineptitud y revanchismo del toledismo cuya mezquindad ha generado el bloqueo constitucional presente.

 Los sindicatos además actúan no porque haya infiltrados terroristas, sinó porque expresa la presión de sus bases sociales que han vuelto a movilizarse. El ajuste social concluyó con la caída de Fujimori-Montesinos, por lógica el deterioro del salario pone en marcha la demanda social  que se fortaleció con los ofrecimientos demagógicos de Toledo durante la campaña electoral, en su desesperación para ganar la elección. Es Toledo quién ofrece duplicar los sueldos de los maestros, quién ofrece aumentar los salarios públicos, quién ofrece mejorar los precios de los productos agrícolas. Muchos de los que ahora le hacen huelga son los mismos que le votaron. De ahí la explicación a la dureza sindical, al radical discurso de rechazo al gobierno, al activismo de las bases sociales, no se puede engañar indefinidamente a los auténticos cholos peruanos. 

El equipo ministerial de Toledo lo acompaña en su quebrado liderazgo. Salen ministros a decir que en “ Economía no se puede hacer más “ o que el “ Plan de gobierno de Perú Posible está prácticamente cumplido “, admitiendo impúdicamente que no saben gobernar. Se afirma que no hay dinero para aumentar a los maestros y por otro lado se compran sin licitación pertrechos para represión. El gabinete acompaña al presidente en sus trágicas declaraciones y patéticos gestos, mientras el presidente insiste en sus errores, así en plena huelga magisterial, Toledo vuelve a ofrecer aumentar el presupuesto a los municipios mientras le niega un mejoramiento sustantivo a los maestros. Es como echar gasolina al fuego.

 Los sindicatos por otro lado están atravesando un lento y tortuoso proceso de relegitimación y reorganización. Las dirigencias sindicales que lograron sobrevivir al fujimorismo y al senderismo, están ahora haciendo notorios esfuerzos para mantener dentro del sistema político y dentro de los márgenes de la ciudadanía democrática a sus bases sociales. No es de extrañar, en este contexto,  que un cierto pro senderismo no terrorista y más bien gremialista esté tratando de abrirse escenarios de actuación. Pero el gobierno en lugar de fortalecer a las dirigencias sindicales democráticas, las sataniza y con el uso de la represión las deslegitima ante sus bases.

 Un maestro joven y de raíz campesina que observa como ante sus justas demandas, el estado recurre a la represión, queda desarmado ideológicamente ante la virulencia del discurso clasista, principal instrumento de penetración del pro senderismo.

 Sin embargo, los sindicatos y productores organizados deben redefinir mejor sus estrategias de lucha social. La huelga y la movilización son mecanismos de presión, pero en ningún caso, deben poner en cuestión la seguridad ni el acceso a los bienes por parte del resto de la ciudadanía. Los excesos de la lucha sindical en los años ochenta alimentaron las demandas de orden autoritario en la población. Y eso terminó afectando la lucha sindical incluso aquella que se manifestaba con buenas maneras.

 El sindicalismo en esta coyuntura debe actuar en base dos líneas. El primero la Democracia, no sólo como sistema político, sinó al interior de sus propias organizaciones, lo cual implica que las instituciones políticas deben ser un espacio reconocido de mediación social.  La segunda línea, es que el mejoramiento salarial debe plantearse con una propuesta de mejoramiento laboral. Los trabajadores deben exigir mejores salarios porque al mismo tiempo ellos están haciendo un esfuerzo de superación profesional o laboral.  De lo contrario sus demandas pueden ser percibidas como demandas privilegiadas y   corporativas en un país donde la abrumadora   mayoría de la PEA no está sindicalizada.

 La convergencia de huelgas y movilizaciones hizo entrar en pánico a Toledo y su gobierno. En el Congreso sus ministros y parlamentarios se parapetan en posiciones justificativas de la ineptitud. Las instituciones vuelven a ser sacrificadas y se devuelve al ejército un rol político que no debe tener.

 El estado de emergencia ha liquidado la transición ( si la hubo ). Y el único camino que le queda a Toledo, su equipo y partido es sobrevivir. En el horizonte la caída de Abdalá Bucarám, de Jamil Mahuad, de Raúl Cubas, y sobre todo de Fernando de la Rúa, arrastrados por la cacerolada , la movilización social y el desencanto comienzan a aparecer como dispositivos de ajuste de los sistemas políticos dirigidos por líderes erráticos, incompetentes y sin capacidad política para construir consensos institucionales.    

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