PERU ¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA HUELGA

Por Eduardo Bueno León *

HUELGA Y AUTORITARISMO

Perú ha vivido esta última semana una auténtica ola de protestas populares, sindicales y regionales que han provocado suspensión de clases escolares, cortes de carreteras, movilizaciones campesinas y urbanas, marchas y su secuela de contusos, fallecidos, heridos y detenidos. Desde el famoso “arequipazo” contra la privatización de dos empresas eléctricas sureñas en el 2002, no se vivía una polarización tan abierta y confrontacional.

Las protestas populares en el Perú desde el famoso paro de julio de 1977, que obligó a la dictadura militar a plantear la transición a la democracia, siguen un libreto más o menos conocido. Se denuncian las condiciones de trabajo o las condiciones económicas, se vive un clima de malestar social, comienzan movilizaciones sindicales, el poder político gobernante no acepta dialogar reafirmándose en un discurso triunfalista o amparado en el principio de autoridad, y una decisión de tipo legal, legislativo o estatal termina provocando un efecto de síntesis en cuyo liderazgo se organiza una coalición de grupos, dirigencias y actores, los cuales convocarán una huelga o paro de mayor o menor intensidad, según las circunstancias.

Bajo el fujimorato, estas movilizaciones no lograron organizarse eficazmente, porque entre el gobierno y los actores antisistémicos se asentó una amplia capa social tolerante con el autoritarismo. La represión del movimiento sindical, la desarticulación de los movimientos laborales, la hegemonía empresarial y una política populista de inyección de recursos producto de las privatizaciones (otra parte se fue en corruptelas) desmovilizó a los movimientos locales y regionales. Y porque la llegada del fujimorismo al poder fue también consecuencia de un abuso de la protesta, de una desorganización permanente del orden público, de una violencia social y discursiva que terminó agotando la reserva de tolerancia social que sobrevivió bajo el primer gobierno alanista.

DOBLE RACIONALIDAD SOCIAL

Las actuales movilizaciones populares son una continuidad de lo que ya se expresó en las elecciones regionales y locales de noviembre del 2006. El partido de gobierno fue humillantemente derrotado, perdiendo diez de los trece gobiernos regionales que ganó en el 2003. Y estos resultados totalmente antitéticos, a los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo entre abril y junio del mismo año, confirmaron una vez más, que la elección del Presidente Alan García y la derrota de su partido seis meses después, responden a una doble racionalidad social y política entre las clases populares. Lo mismo aconteció con Toledo y el arequipazo. Ganó las elecciones, pero perdió ante la protesta social. Por ese camino marchará el segundo alanismo sino se hacen los correctivos oportunos, sobre todo sus alianzas.

Los sectores urbanos votan en elecciones generales por opciones de centro izquierda (Toledo, García) o derecha neo populista (Fujimori). Pero en elecciones locales o regionales la tendencia se orienta hacia actores con capacidad de articular las demandas locales (APRA en el 2003, Frentes Regionales en el 2006).

Sin embargo desde que se implantó con violencia y fraude el modelo económico  actual, primero con el fujishok (auténtico detonante de la emigración masiva de peruanos) y luego con las privatizaciones que se dieron después del autogolpe de 1992, todos los gobiernos electos le han dado continuidad al modelo, realizando correcciones sociales (Toledo) o de impacto desarrollista (García). Pero el esfuerzo es inmensamente inferior a las espectativas, como lo ha sido con todos los gobiernos latinoamericanos que han seguido esa vía, como México, Colombia, Brasil, Chile, Republica Dominicana, Centroamérica. Es una especie de neoliberalismo con claroscuros.

El problema surge inmediatamente, se ofrece una alternativa al neoliberalismo y se termina haciendo lo mismo con correcciones. El “Cholo liberalismo” de Toledo y “La otra modernidad” de Alan García resultaron tímidas pinceladas que no modificaron la matriz económica basada en una macroeconomía sustentada en un ajuste permanente, privatizaciones de alto riesgo, y una apertura comercial al estilo TLC. El “chorreo” nunca llegó en el caso de Toledo, y amenaza no llegar en el caso de García. Lo que si se produce son ganancias empresariales extraordinarias concentradas en la banca y el sector minero. Los beneficiados no recibieron chorreo, sino una auténtica lluvia de ganancias. El resto de los peruanos, en términos de salario real incluso involucionaron.

 En estas condiciones renace el rechazo a la política institucional hábilmente soliviantada por los medios de comunicación de la derecha que no desean ampliar y mejorar la democracia sino restringirla, para asegurar el ajuste económico y neutralizar desviaciones “nacionalistas” o “populistas”. También se hace lo mismo con los sindicatos, organizaciones populares y movimientos regionales.

Si la política se desacredita y no se cumplen los programas ofrecidos, y se habla durante un año que “Perú va bien” y se reiteran hasta el cansancio indicadores de inversión y tasas de crecimiento, como si Perú fuera Chile, el sur de China o la Europa meridional, es obvio que los peruanos que viven en la precariedad y la sobrevivencia mínima, se harán una sencilla reflexión: Si la economía va bien y yo voy mal ¿Quien se está llevando la parte que me corresponde?

 Ello reactivará el malestar social y la exigencia de justicia hará catarsis con alguna huelga nacional o movilizaciones regionales. En una reciente encuesta de la Universidad de Lima, al evaluarse la calificación de las políticas sociales, los porcentajes son negativos, se definen estas políticas como “regulares-malas” : la política laboral (76%), el combate a la pobreza (75%) y la educación (60%). Es decir los peruanos no creen que se esté produciendo alguna política de redistribución. Si a ello le sumamos que el gobierno por razones de austeridad ha reducido el gasto en comunicación social y no informa adecuadamente sus logros, y se enfatiza sólo los indicadores de crecimiento, es indudable que están dadas las condiciones para la protesta, y no se considere el efecto que esto pueda tener en el crecimiento, pues no se nota en el bolsillo.

 Ahora más que nunca, la legitimidad ganada en una elección presidencial, puede desvanecerse si las espectativas generadas son frustradas, y el tiempo político agotarse para el régimen institucional. Al respecto la encuesta nacional de la Universidad Católica muestra un cambio drástico de la tendencia a favor del gobierno y una caída en las preferencias en un año de más de 20 %.

REORGANIZAR LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO

El gobierno ha tratado de focalizar la protesta en torno a la demanda del SUTEP de rechazar una reciente ley sobre el magisterio. A las demás protestas las descalifica por desestabilizadoras o dirigidas por extremistas. La ley de la carrera pública magisterial es perfectible, y no se ha logrado convencer a los maestros que es un esfuerzo por aumentar la calidad de la enseñanza, y no una escalera meritocrática que les quitará tiempo dedicado a otras actividades con la cual cubren el presupuesto familiar. Para colmo de males, un ministro “Tacherista” los ha llamado “vagos” y el Presidente de la República no se ha ahorrado en calificativos típicos de la guerra fría. La conculción del derecho de huelga argumentado por el SUTEP, puede incluso ser consultado por la OIT. Es decir no tenía porque llegarse a una situación de confrontación tan abierta.

La CGTP ha aprovechado la movilización de los maestros para plantear reclamos que pueden englobarse en la exigencia que se cumpla la oferta electoral que se ofreció en el 2006. Tal como se hizo en el 2004 contra el gobierno de Alejandro Toledo, en un paro que resultó a medias y al cual se sumó el APRA y casi todos los que ahora descalifican la convocatoria de la CGTP. De ese paro poco exitoso no se ha analizado debidamente algunos hechos. La escena de la “patadita” con la cual se hizo escarnio de Alan García en todos los medios, era claro que la derecha advirtió al entonces Presidente del APRA que las cuentas no estaban saldadas. Otro hecho es el rechazo de la CGTP a que Mauricio Mulder hablara en su mitin. Hubo sectarismo en la derecha y la izquierda. No es válido entonces el argumento de los dirigentes de la CGTP que Alan García los ha desconocido, luego de un noviazgo que incluyó durante algunos años a la ahora vilipendiada Patria Roja.

Pero menos justificación tiene el haberse convertido el gobierno, en el  defensor del modelo económico que se criticó durante casi quince años y en la campaña electoral.

Como esta conflictividad, si no se institucionaliza y regula, puede extenderse más allá de lo que duran los gobiernos constitucionales, y con el TLC el Perú se queda sin margen de maniobra alternativa en lo económico, entonces es necesario resolver el problema de la falta de legitimidad del modelo en un amplio sector del país. En la citada encuesta de la Universidad de Lima, se señala claramente que más del 50 % de los encuestados consideran que los beneficios del modelo se han concentrado en la clase alta. Y el sector socioeconómico “D” la tendencia se eleva a 63.5%. Un alarmante 79.4% de los encuestados indican que en el último año, su situación socioeconómica se ha mantenido igual o ha empeorado.

Nuestra clase política no ha logrado organizar un consenso mínimo para renovar la legitimidad de las instituciones. Si estas tuvieran el reconocimiento social, la conflictividad tendría un espacio institucional de resolución. Y no como ahora en que el “diálogo” se da a través de los titulares de medios y noticieros, abundando las amenazas, insultos y provocaciones. Pero esto es responsabilidad de la clase política y los actores que dirigen las instituciones. No es tarea de ninguna ONG o de algún “sistema de prevención de conflictos” que ha sido propuesta por la izquierda caviar, siempre a la caza de alguna oportunidad para vender asesorías.

 EL APRA: ACTOR AUSENTE

La situación del Partido Aprista es penosa. Faccionalizado, desmovilizado, dividido, desarticulado de los sectores populares y regionales, desorientado ideológicamente y sometido a un proceso de exclusión de la administración pública, jugando a veces con la escopeta de los dos cañones como en el caso de la extradición de Fujimori o imposibilitada de zanjar con el mantillismo. El Aprismo realmente está en la periferia de la política peruana. Es el más claro ejemplo de delegación carismática que anula la vida organizativa, la democracia interna, el debate ideológico y la relación partido-gobierno.

Lo que acaba de acontecer en los últimos días en que se han producido destituciones y reestructuraciones, no tiene la menor importancia y es totalmente irrelevante para el país. El APRA simplemente dejó de ser actor político, desapareció o la desaparecieron. No cuenta con presencia institucional en casi ningún ámbito ni del estado ni de la sociedad civil. Y lo peor es que ni los propios apristas saben como salir del atolladero, cuando la fórmula es muy sencilla: dejar de lado los tutelajes y funcionar como una organización política, que tiene ideario, programa y un discurso crítico.

Y esto obviamente no favorece al sistema político, porque si los partidos se transforman sólo en maquinarias electorales, donde la militancia se convierte en algo parecido a un ejercito de mano de obra barata para las elecciones, la democracia se rutiniza exclusivamente en campañas mediáticas movilizadoras de voto, entonces se pierde el vínculo permanente y ciudadano que debe existir con la sociedad civil y la capacidad para canalizar demandas y reclamos sociales, para organizar las espectativas en planes de futuro, o al menos en algo cercano a partidos que prestan servicios sociales.

De estas condiciones, surgen los discursos anti institucionales sobre la fragmentación, democracia sin partidos, vacío de régimen, entre otros y tan funcionales al neoliberalismo tecnocrático. Y la falta institucional de contrapesos políticos, genera una concentración del poder estatal en grupos fácticos no elegidos ni legitimados socialmente.

La abdicación de los partidos refuerza el “movimientismo” la lógica de la protesta, la denuncia, la confrontación abierta. El espacio público donde se confrontan proyectos políticos e ideológicos es sustituido por escenarios parecidos a los que se está dando en estos días. Gobierno y huelguistas enfrentados, con riesgos evidentes de militarización, violencia social, bloqueo del país.

NI MANO DURA, NI MANO BLANDA

El método para evitar la lógica del conflicto es la democracia deliberante y eficaz en sus resultados. Luego de la algarada, se deben aterrizar soluciones, pues incluso las organizaciones sindicales, saben perfectamente que sus bases quieren también eficacia tras la movilización, y ello se consigue dialogando. Y en el diálogo nadie gana, todos pierden algo, pero gana la república. Plantear juegos de suma cero como en los años 70 y 80 llevó a las organizaciones sindicales a su casi extinción en los años 90. La democracia sin fujimorismo, les ha devuelto un rol que deben cuidar.

Un gran error de Fernando de la Rúa en Argentina fue cambiar de programa de gobierno sin darle ninguna explicación a los que habían votado por el y por la coalición que lo llevó al gobierno. Jamil Mahuad en Ecuador creyó que el ejército lo apoyaría hasta el final y al final el ejército se declaró neutral ante el riesgo de una cuasi guerra civil y de paso le cobró lo que los militares siempre consideraron una pésima negociación con Perú. Gonzales de Losada en Bolivia tenía la fuerza institucional, pero no la lealtad de su vice presidente, ni la aceptación de quienes controlaban a los movimientos sociales y étnicos. Una jornada de protesta salvajemente reprimida causando ochenta muertos fue el detonante para que emergiera un movimiento popular que no se detuvo hasta que huyó del país. Ningún boliviano que le votó salió a defenderlo.

El Presidente García debe sacar sus mejores talentos comunicativos y políticos para abrir un debate en el país, sobre el modelo económico, el TLC y la necesidad que se construya y pacte una legitimidad para mantenerlos o cambiarlos. Su apuesta fue clara: mantener el modelo económico y el TLC. Le toca entonces a su persona construir esa legitimidad y dejar que en su partido se decida si lo acompaña o no. Y permitir que los peruanos y sus instituciones sociales decidan si aceptan el modelo tal como está o lo modifican.

La pequeña Costa Rica realizará en octubre un referéndum para aprobar el TLC con EEUU. Es mejor esa vía a la imposición tecnocrática, que en última instancia está en el reclamo de la protesta de los peruanos que no aceptan un esquema del cual se desconfía. A lo mejor ya no es posible hacerlo en el Perú, entonces vayámonos acostumbrando a que las movilizaciones serán pan de cada día, y que ojala el TLC funcione y nos convierta en una potencia económica sudamericana en diez años, de tal forma que comercio asimétrico y ajuste sobre los salarios y el gasto, con un valor agregado en nuestros productos que los definirá el mercado, nos libre para siempre de la pobreza y el sub desarrollo.

Pero si las cosas no resultan, vayamos pensando que vamos a hacer con un incremento en la pobreza y la violencia que se instaurará en el agro, el campo, y las grandes ciudades. Vayamos pensando que vamos a hacer con las inversiones chilenas que dejarán de hablar de negocios para hablar de derechos adquiridos, y sobre todo, ojalá tengamos democracia cuando esto ocurra.

México DF a 12 de julio del 2007

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