Los recientes
acontecimientos en el sur peruano nos sugieren las siguientes conclusiones :
Primero, concluye la
tolerancia social al ajuste permanente y al modelo económico que ideológica y
políticamente lo sustentaba.Durante los años noventa, la población toleró el ajuste
neoliberal o su resistencia se redujo al mínimo. Fue un fenómeno que se extendió a
varios países de América Latina. Durante las movilizaciones contra el fujimorismo, se
cuestionó el modelo económico y la recesión sirvió de revulsivo. Lamentablemente, la
caída del régimen fujimorista-montesinista sólo fue interpretado por el gobierno de
transición de Valentín Paniagua y el toledismo como un relevo y alternancia, donde se
dieron inicio a algunas medidas anticorrupción. Le tocó a Alan García durante su
campaña, denunciar al fujimorismo económico y plantear en la agenda política los temas
cruciales acerca de la injusticia social del modelo. Y lo hizo, señalando explícitamente
que ello no implicaba un retorno al estatismo y a la burocratización política. Con ello,
el líder aprista dejó claro que mientras el modelo económico no fuese transformado, no
se culminaría el cambio de régimen.
Segundo, la CPA
propuso más de 60 medidas para reformar el modelo económico, se planteó el principio de
subsidiariedad * concertada con los agentes económicos y sociedad civil, impulsó el
banco agrario como un primer impulso para la reactivación del agro, se aprobaron leyes
laborales que restauraban los derechos sociales básicos conculcados por el autoritarismo
neoliberal, y al mismo tiempo desarrolló una estrategia de posicionamiento político que
convirtió al APRA en el eje de la oposición, venciendo el aislamiento, al antiaprismo,
la antipolítica, neutralizando la leyenda negra y coadyuvando a la gobernabilidad del
país. Las encuestas definieron que esa estrategia era la adecuada. Más del 40 % de los
peruanos a nivel nacional darían su apoyo al PAP en eventuales elecciones.
* Principio de
subsidiariedad no es lo mismo que rol subsidiario del estado.
Tercero, la crisis
arequipeña reciente ha desnudado a los actores y ha evidenciado los límites de las
estrategias políticas. Ello también toca al APRA. Hay un nuevo ciclo de desborde popular
antiprivatizador, antineoliberal regionalista y por la dignidad democrática.La
suspensión del proceso de privatización, marca un hito mundial. Después del referéndum
sobre la privatización de la sanidad charrúa que convocó a comienzos de los años
noventa el presidente Lacalle en Uruguay y que generó el primer rechazo popular y
democrático a las privatizaciones, el caso arequipeño es el segundo ejemplo que nos
demuestra que las privatizaciones no gozan de la simpatía popular.Y ello tiene que ver
con algo más complejo que la pura política de comunicación. Es una derrota del
neoliberalismo, de las agencias y casas bursátiles que manipulan los valores de riesgo y
deuda, de los tecnócratas que asumen que la política está subordinada a la economía, y
de aquellos líderes que sucumben a las tentaciones del autoritarismo tecnocrático.
Cuarto, el
movimiento arequipeño dinámico, contradictorio, confrontacionista ha servido de
catalizador para la constitución definitiva de actores sociales regionales con líderes
regionales. Se acabó el ciclo hegemónico de los partidos nacionales centralistas. Sin
embargo, no perdamos de vista que en el desarrollo de dicho movimiento aparecieron los
signos de la antipolítica. Este movimiento debe llevar a una profunda reflexión acerca
de lo que el fujimorismo dejó como mentalidad en algunos sectores. Los diputados del APRA
y de Perú Posíble que se sumaron militantemente a las demandas arequipeñas le han hecho
un inmenso favor a sus partidos y colegas parlamentarios. De momento, el movimiento
arequipeño le ha devuelto a la democracia su sentido popular y participativo.
Queda la gran
cuestión que se reproduce en otros países ¿ Cual es el límite político de movimientos
populares locales ? Si es la política de partidos, entonces en los próximas semanas
asistiremos a la formación de actores políticos regionales. Si no fuese ese el camino,
el movimiento popular quedará como una masa disponible a discursos antisistémicos.
Quinto, el Partido
Aprista Peruano fue pillado de sorpresa y los cálculos para mediar en la situación no
dieron resultado. No se olvide que hace unas semanas se convocó una huelga nacional que
fracasó parcialmente y ello debió estar en el ánimo de los dirigentes del PAP. Empero
no participar en la protesta genera que sean otros los actores que definen el problema,
concretamente los alcaldes regionales y el grupo de ministros que viajaron a la ciudad
blanca para impulsar el diálogo. La estrategia del APRA, luego del levantamiento
arequipeño tiene que ser reflexionada y replanteada. La estrategia de reposicionamiento
político y electoral debe integrarse a una estrategia de mayor penetración social y
regional, vía alianza o pactos puntuales. El partido liderado por Alan García debe hacer
pesar su carácter de segunda fuerza legislativa, ya no ante el desfalleciente gobierno
toledista, sinó ante las fuerzas regionales.
Sexto, las
privatizaciones de los servicios públicos o que impliquen tarifas de servicios públicos,
no deben ser aceptadas por el partido aprista ni por el centro izquierda como una
cuestión de principio. Todo lo demás, puede ser objeto de discusión. Según el programa
de la COPRI quedan pendientes 62 privatizaciones para este ejercicio fiscal.
La CPA votó a favor
de los presupuestos del ejercicio 2002-2003 las cuales contemplaban las privatizaciones.
La frustrada interpelación al ministro de economía PPK, fue una gran oportunidad perdida
para revisar estos aspectos y aclarar el alcance de las privatizaciones. No se pudo hacer
y por lo tanto, la CPA debe definir una posición teórica y política sobre este punto.Se
debe aclarar en que privatizaciones se está de acuerdo y en cuales no.
Lo sucedido en el
sur también demuestra un hecho no tomado en cuenta hasta ahora o insuficientemente
valorado. Para las regiones las empresas estatales no son sólo un activo público, son
fundamentalmente una parte constitutiva de la identidad regional, son los pilares de la
estructura política regional, son el símbolo de formación social de varias generaciones
y muestra de su progreso y desarrollo. Los intentos privatizadores en este tipo de
empresas debe considerar esta dimensión social, política y cultural. No son sólo
aspectos técnicos lo que debe definir una decisión.
Séptimo, el
problema en el sur no está definitivamente resuelto, pero la democracia que se
reinauguró con el gobierno toledista acaba de tener un punto de inflexión. La salida del
ministro fascista Rospigliosi de manera ignominiosa es un triunfo de los trabajadores y de
los luchadores sociales fuertemente reprimidos por este hijo del estalinismo e
izquierdista incendiario de los setenta.
Para el
neoliberalismo la decisión de Toledo es una muestra de debilidad. Para quienes le
votaron, significa un reencuentro entre el presidente y sus electores. Si finalmente la
privatización sólo se posterga y se mantiene el programa completo, entonces los
escenarios son de fuerte polarización. Y en esa situación, el partido aprista podría
ocupar el centro político si mantiene su actual estrategia, pero perderá seguramente a
la izquierda social. El nuevo partido descentralista del diputado Javier Diez Canseco
ocupará entonces ese espacio dejado vacante. Y lo más probable es que surja dentro del
APRA una tendencia disidente, antiparlamentaria y antialanista que se cobije en el
naciente partido.
Si la privatización
se anula de manera definitiva, sea por vía judicial o porque la empresa ganadora se
retira ante la situación política, entonces el programa económico del gobierno debería
entrar en revisión. La salida de los neoliberales del gabinete sería cosa inmediata. ¿
Se reorientará el presidente Toledo hacia un programa reactivador donde se aprovechen los
espacios para una política reactivadora haciendo uso de los instrumentos macro ? ¿ El
estado promotor y regulador, no estatista ni burocratizado como eje de un desarrollo
democrático y concertado ? ¿ Volverá Toledo a su primer programa cuando planteaba hacer
uso de 1000 millones de las reservas para impulsar la producción ?
Si ese fuera el
caso, el APRA debería plantearse seriamente, el paso de la concertación legislativa a un
gobierno de coalición democrática con un nuevo modelo económico.El rol del aprismo en
ese hipotético caso sería liderar la formación e institucionalización de las regiones
y la reactivación económica, ese debería ser el espacio político del partido aprista
en un hipotético gobierno de coalición.Ello empero es sólo una hipótesis de trabajo,
no una propuesta política.
Un gobierno de
concertación después del 28 de julio significaría un acto de responsabilidad política
ante el país, una desmitificación sobre la " incompetencia del APRA para gobernar
", un reposicionamiento internacional y un arrinconamiento del antiaprismo más
furibundo. Empero los costos podrían ser altos, si la concertación no produce
resultados. Y ello depende del cambio del modelo económico.
Sin embargo todo
parece indicar que el presidente seguirá tercamente con su programa económico neoliberal
" con rostro humano " es decir, insistir en el ajuste con retórica de buenas
intenciones. También parece que fortalecerá su alianza con el antiaprismo, en el fondo
Toledo teme quedar atrapado en una alianza con el APRA y Alan García. Sus asesores "
izquierdistas" le recuerdan a cada rato lo que le pasó a Alfonso Barrantes por su
colaboración con Alan, cuando lo que hundió al barrantismo fueron las deslealtades de
Henry Pease y el pro senderismo de Javier Diez Canseco.
Es una verdadera
tragedia peruana que toda una generación política tenga tanta animosidad contra Alan
García. Por otro lado, en octubre son las elecciones en el Brasil, nuestro poderoso
vecino. Y lo más probable es que gane el candidato de la izquierda Luis Ignasio Da Silva
más conocido como Lula. Acaba de concretar una alianza con el partido liberal de centro
derecha y en estos momentos, los operadores internacionales están creando alarma en los
mercados que repercute en el valor de la deuda y el tipo de cambio brasileños. Pero la
distancia de Lula sobre Serra el candidato " socialista " del presidente Cardoso
es de casi 20 puntos. Nada está seguro, sobre todo teniendo en cuenta que la cadena
O´Globo todavía no inicia sus tradicionales campañas contra el candidato del PT.
Pero de darse el
triunfo de Lula ¿ Toledo iniciaría un giro hacia el centro izquierda ? ¿ Habría mayor
margen de juego para una alianza con el APRA y descartar a sus aliados inmovilistas ? Es
más, ¿ Tendría que optar Toledo entre seguir el camino de Fernando de la Rúa o el
camino de Lula ?
Lamentablemente, ya
suponemos por donde va a dirigir su gobierno. Los que realmente padecerán esta impericia
política serán los peruanos y no el APRA. Octavo, de acuerdo a lo anterior, y tal como
lo hemos expuesto en otros artículos, el gobierno necesitará al APRA para mantener la
estabilidad política. El apoyo debe ser al régimen político siempre y cuando se
produzca un cambio de orientación. El APRA no debe ser sólo bombero o practicar una
oposición leal pero ineficaz, sinó actor en la toma de decisiones públicas. Y no debe
confundirse el apoyo a las demandas sociales o regionales con la trasmutación en el
movimiento mismo. La oposición movimientista y callejera todo lo reduce a la pura
protesta. Uno de los límites por ejemplo de este tipo de oposición, es que no genera
propuestas o políticas públicas alternativas. Ello también termina agotándose, sinó
recordemos lo que le pasó a la Izquierda Unida en los ochenta.
La otra opción es
propiciar la salida de Toledo, pero con ello se gana muy poco. El vicepresidente podría
organizar un gobierno para más de lo mismo, y ello acarrearía un proceso fuerte de
deslegitimación del sistema democrático. El renacimiento del fujimorismo sin Fujimori
sería inevitable. Propiciar un adelanto de elecciones sería el equivalente a un golpe de
estado.
Noveno, las
privatizaciones como sinónimo ideológico de modernidad se han transformado más bien en
sinónimo de ingobernabilidad. Pero el levantamiento popular arequipeño también debe
interpretarse como un punto de inflexión frente al estilo político toledista de
incumplir sus promesas y hacer gala de una arrogante prepotencia. Ofrecer no privatizar,
luego cambiar de opinión, después descalificar la protesta, lanzar un discurso nacional
desafiante, decretar el estado de emergencia devolviéndole al ejército un injustificado
protagonismo y finalmente recurrir a la iglesia para solucionar el entuerto, es una
muestra del rumbo errático del presidente y de las fuertes pugnas al interior del
toledismo.
El presidente en ese
sentido ha estado siguiendo el camino del ex presidente argentino Fernando de la Rúa.
Ojalá después de lo acontecido se produzca la gran rectificación y que el
fundamentalismo neoliberal de PPK, el antiaprismo de Olivera - Solari, la desconfianza y
tirria de Eliane Karp sean puestos de lado.
Décimo, el sistema
democrático puede quedarse sin soportes políticos y fácilmente hundirse. La
proclamación del estado de emergencia y la imagen de un general en traje de campaña
tomando decisiones políticas sólo puede ser un anticipo o la antena de la naturaleza
real del estado precario en que se organiza la política peruana. Nuestra democracia se
organiza con otras pautas o sobrevivirá con alfileres, con lo cual el desencanto y el
escepticismo ganarán de nuevo espacio y volveremos a los ciclos pendulares. No podemos
dejar de anotar también, el siniestro comportamiento en esta crisis de la lideresa de
Unidad Nacional Lourdes Flores, confundiendo principio de autoridad con arrogancia. Sus
declaraciones manifestando que las privatizaciones no debieron suspenderse y que el estado
de emergencia debe mantenerse, son indicadoras de una mentalidad poco democrática y
reflejo del autoritarismo de la década pasada. Hay que recordar que un principio
democrático elemental, es " que gobierna la mayoría con el consentimiento de la
minoría ". Para finalizar por el principio,
El levantamiento
popular en el sur peruano marca un punto de inflexión respecto a la parálisis del cambio
de régimen que pretendió ser reducido a un puro relevo o alternancia. Las
privatizaciones generan ingobernabilidad y ello no se arregla con una buena política de
comunicación mediática. Es menester plantear un debate sobre este tipo de políticas y
cualquier decisión debe ser consultada con los sectores afectados. Se acabó la
privatización tecnocrática, al vapor y vía decretazo.
La privatización de
los servicios públicos no debe ser admitida.
Urge el cambio del
modelo económico recesivo que aspira a la llegada espontánea de la inversión
extranjera. Recuperar el concepto de estado promotor, regulador y concertador que no tiene
nada que ver con el estatismo conservador de congelados, melancólicos y chicheros.
Reconocer la fuerza
de los movimientos regionales no como una debilidad democrática sinó como el justo
desborde tras una década de autoritarismo y liquidación de las estructuras de
representación regionales. Pero advertir que este tipo de movimientos tienen límites en
cuanto a su capacidad de generar alternativas, regular la protesta e institucionalizar la
política.
Firme compromiso con
el régimen democrático a través de la concertación. Rechazar cualquier intento de
destitución del presidente Toledo. Pero advertir que si este insiste en su política
económica, la ingobernabilidad que genere se lo llevará entre la pata de los caballos.
En estos momentos los peores enemigos de Toledo están en su partido y en su gobierno.
La oposición
democrática representada por el APRA tiene la oportunidad para reimpulsar el cambio de
régimen político-económico negociando sus apoyos en la dirección de un cambio en el
modelo económico que Alan García ya denunció en su oportunidad y que la CPA ha tratado
de manera infructuosa de reformar.
Si el toledismo
desaprovecha esta nueva oportunidad para reencontrarse con su electorado popular, para
organizar una concertación real, efectiva y no simulada, sinó cambia el modelo
económico y no deja de estar descalificando al APRA y Alan García con referencias al
gobierno de los años ochenta, si sus operadores no dejan de estar manipulando la
Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Justicia de Costa Rica por el asunto
de los penales, vale decir si el toledismo no define sus acciones en interés del Perú y
su castigada población, entonces no será responsabilidad de la oposición, ni de la
sociedad civil y menos de las regiones que el Perú se " ecuatorianice " o
" argentinice ".
El presidente tiene
la oportunidad de rectificar, pero es su responsabilidad y de nadie más hacerlo.
Eduardo Bueno León
México DF a 20 de
junio del 2002
*Sociólogo y Politólogo egresado de la
Universidad Complutense de Madrid. Master en Estudios del Desarrollo por la misma
universidad. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesor de
la Universidad Iberoamericana del DF, La Universidad Anahuac y la UDLA sede México
DF. Es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
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