El recordado historiador Alberto Flores Galindo nos decía que "el problema regional es uno de los aspectos básicos para la comprensión de la realidad peruana o por lo menos de la realidad peruana a partir del decenio de 1920". En ese periodo se inicia, junto con importantes movimientos descentralistas de las "provincias proletarias"- como decía Manuel Seoane-, una seria reflexión sobre Regionalismo y Centralismo. José Carlos Mariátegui y Raúl Porras proponen el tema. El Amauta llegó a exponer una tesis que tiene total vigencia: "Un Regionalismo que se contenta con la autonomía municipal no es un regionalismo propiamente dicho".

Víctor Raúl Haya de la Torre planteará el regionalismo en sus dimensiones histórica, política y económica. Víctor Andrés Belaúnde hizo una propuesta de siete regiones, llegando a sostener que el Ensayo sobre Regionalismo y Centralismo de Mariátegui era el más interesante. Emilio Romero en su Geografía Económica del Perú (1930), expuso la propuesta de cuatro Regiones, pero reconociendo que, indefectiblemente, tenían que hacerse estudios más profundos. El ingrediente regionalista se recoge en el Partido Descentralista, formado por el mismo Emilio Romero, que tuvo importante representación en la Constituyente de 1931. Javier Iguiñiz, estudioso de la obra de Emilio Romero, nos dice que el catedrático puneño "estaba convencido de que la organización descentralista promovería el despliegue de potencialidades aletargadas".

Los movimientos regionalistas, de contenido intelectual y las movilizaciones populares, eran la "subversión de las provincias", parafraseando a Basadre. De un Perú provinciano, "peón rebelde en contra de los déspotas que desde Lima virreinal han tiranizado a la nación" (Luis Heysen, 1930).

El Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) estudia el regionalismo y la descentralización como un componente básico del Proyecto Nacional. En 1963, al aprobarse el Reglamento del Instituto Nacional de Planificación, se establece que esta institución debería "proponer la regionalización del país". En los años 70 en el INP se profundizan los estudios sobre unidades territoriales de planificación y desarrollo de naturaleza regional.

La Regionalización se plasma en la Constitución de 1979. Dando cumplimiento al mandato constitucional, el gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry promulgó, en Junio de 1984, la ley aprobando el Plan Nacional de Regionalización, en el que se establecía la forma en que deberían crearse las regiones, el número máximo de las mismas ("no serán más de doce") y la manera de formular la Ley de Bases de la Regionalización. El Plan Nacional de Regionalización fue elaborado en el INP. En éste se definió a la regionalización como un proceso integral de descentralización del país (político, administrativo y económico)

Todos estos antecedentes nos permiten refutar la supuesta "causalidad diabólica" y maníquea de los "apristas" en relación al proceso de regionalización. Aún así, el equipo que tuvo a su cargo, desde Julio de 1985 hasta Julio de 1990, el diseño de todos los dispositivos y anteproyectos de Ley fue la Dirección General de Planificación Regional del INP, a cargo de la Arquitecta Luisa Galarza, con el mismo equipo técnico que venía del gobierno acciopopulista.

LA GESTION DE LA REGIONALIZACION

Luego de recorrer el país, el equipo especializado y la jefatura, en más de 200 foros y conversatorios en provincias, durante 1985 y 1986, pudieron definir las alternativas de delimitación regional y el esquema del proyecto de Ley de Bases. Se trataba de conciliar el criterio técnico y la aspiración de los pueblos. El personal técnico del INP se desplazó por todo el país, exponiendo las propuestas, recibiendo las opiniones de la población y promoviendo la concertación para la formación de las regiones.

El 12 de Setiembre de 1986 se publicó en EL Peruano el texto del Proyecto de Ley de Bases de la Regionalización, en el que se logró diferenciar las competencias del gobierno central y del nivel regional. La publicación promovió un gran debate nacional en publicaciones, la prensa y seminarios en Lima y Provincias. Considerando que el INP actuaría como Secretaría Técnica del proceso de Regionalización, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, nuestra institución canalizó las múltiples críticas, sugerencias y observaciones, en un trabajo concertado con la Comisión de Regionalización de la Cámara de Diputados.

En Febrero de 1987, el Presidente de la República convocó a Legislatura Extraordinaria para que el Congreso discuta el Proyecto de Ley de Bases que fue aprobado con varias modificaciones y promulgado el 19 de marzo de 1987. Posteriormente, el Congreso decidió "revisar" la Ley de Bases y se aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley de Bases de Regionalización, el 12 de Junio de 1988.

Meses antes, en Junio de 1987, el INP, con la Comisión Bicameral de Regionalización del Congreso, publicó en los medios de comunicación el "Procedimiento para la formulación de solicitudes de creación de regiones". Se solicitaba que la sociedad civil se pronunciara sobre la delimitación regional, competencias y funciones sectoriales, recursos económicos y financieros y composición de la Asamblea Regional, que de acuerdo a la Constitución de 1979, en su artículo 264, debería estar integrada por ciudadanos elegidos por sufragio directo, alcaldes provinciales de la Región y delegados de las instituciones representativas de las actividades económicas de la Región.

Luego de los estudios que se realizaron y de las consultas a la población y municipios provinciales ( que en caso de plantear su anexión a una Región diferente al Departamento al que pertenecían deberían sustentarla con las firmas de los ciudadanos en una suerte de cuasi consulta), el INP definió la propuesta del Poder Ejecutivo en once regiones y dos áreas de tratamiento especial (Lima y Callao).

La iniciativa para proponer la creación de Regiones fue delegada a las CORDES y Concejos Provinciales municipales.

Se buscó la opinión de los Partidos Políticos pero los resultados no fueron alentadores. El único partido que aceptó reuniones de trabajo fue el Partido Popular Cristiano. Recordemos que el Ejecutivo había puesto su alternativa a consideración de los gobiernos locales, las Cordes, instituciones especializadas y la opinión pública, vía medios de comunicación.

Lamentablemente, en la Ley de creación de regiones aprobada por el Parlamento, no se respetó el criterio del Poder Ejecutivo para que algunos departamentos se desintegraran, como el caso de San Martin, lo que originó los conocidos problemas posteriores.

LA REGIONALIZACION COMO PROCESO DE LARGO PLAZO

El Equipo Técnico y Político del INP (con el respaldo político que daba el Presidente de la República) se dedicó a desarrollar el proceso de Regionalización desde el 28 de Julio de 1985 , con perspectiva de largo plazo, y tenía cinco ejes fundamentales de carácter instrumental, sobre los cuáles basaba la estrategia descentralista:

1. La dimensión político-administrativa y espacial.

2. La dimensión económico-financiera

3. La adecuación y reformulación al proceso de descentralización de las leyes nacionales del Poder Ejecutivo, Judicial y del sistema de control y fiscalización.

4. La dimensión de reconquista y rearticulación espacial mediante el traslado de la Capital de la República, en el siglo XXI al Valle del Mantaro.

5. La Municipalización del Estado.

El INP, al formular el Modelo de desarrollo de largo plazo y el sistema de Regiones (Lima, 1987), incorporaba la nueva Organización del Territorio como un componente básico de la estrategia; que incluía el sistema nacional de asentamientos urbano-rurales y la red de articulación física (comprendiendo un programa de largo plazo de mejoramiento de la eficiencia de los ejes transversales del sistema intermodal de comunicaciones en el norte, centro-norte, centro y sur de la costa, sierra y selva).

El Modelo de desarrollo de largo plazo definía las políticas facilitadoras para una descentralización democrática. La descentralización en el modelo era conceptualizada como un medio y un fin, un objetivo en sí mismo como lo ha planteado Javier Iguiñiz (La descentralización como factor de renovación del Estado y las Condiciones de un nuevo Pacto económico y social. Gasto Central y gasto y tributación regionales y locales., 1994).

De ninguna forma se planteó la descentralización como un proceso contrario al Estado unitario, ni a las políticas nacionales del gobierno central, como más tarde argumentarían los enemigos de la democracia a partir de la quiebra del Estado de derecho, en abril de 1992.

Para que pudiera operar el segundo eje de la estrategia (la dimensión económico-financiera), evidentemente era necesario sentar las bases institucionales y legales de la reforma descentralizada del Estado por medio de la Regionalización y Municipalización. De las investigaciones realizadas sobre el sistema financiero-comercial se encontró que Lima-Callao, si bien obtenían el 34.4 por ciento del total de los depósitos a nivel nacional (depósitos a la vista, a plazos y de ahorro), otorgaba el 89.2 por ciento de las colocaciones. Esto justificaba crear un contrapeso mediante un sistema eficiente de banca de fomento múltiple descentralizada orientada hacia las Provincias.

Dentro de la estrategia descentralista se formuló, con participación de connotados especialistas, el primer perfil del cambio de la capital de la República al Valle del Mantaro para el siglo XXI. Cambios de capital (por razones políticas, estratégicas, geopolíticas y económicas) se han producido en el siglo XX en la India, Turquía, Australia, Brasil, China, Pakistán, Tanzania, Nigeria y Argentina. Desgraciadamente, esta iniciativa fue torpedeada, tengo que reconocerlo, por el limeñisimo espíritu tradicionalista de personas e instituciones.

Entre marzo de 1988 y abril de 1989 se crearon once Regiones (y sus gobiernos regionales). Este proceso permitió, como lo señalara D. Dirmoser, "contar, por primera vez en la historia, con legítimos y constitucionales gobiernos regionales del Perú".

Se ha sostenido que durante el gobierno aprista no se hizo "nada por abordar el tratamiento de Lima y Callao" (B. Caravedo M.). Afirmación infundada. El Ejecutivo dejó listos los proyectos de ley sobre el área especial de Lima capital y la Provincia constitucional del Callao. Ambos dispositivos diseñados luego de un prolongado proceso de debate con los Municipios, entidades especializadas y representativas de las dos zonas urbanas.

LA CONTRAREVOLUCION REGIONAL FUJIMORISTA

Instalado el nuevo gobierno, en 1990, comienza el desmontaje del proceso de Regionalización hasta su liquidación con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Frustrándose, una vez más en la historia republicana, el más ambicioso proyecto descentralista del Estado y de la Economía.

De esa manera el golpismo civil-militarista rompió una continuidad institucional descentralista que venía desde los años setenta con las ORDES ( con el gobierno militar), las CORDES y los avances del Plan de Regionalización del gobierno del Presidente Belaúnde, con la excepción de las medidas centralistas, dictadas al amparo de las facultades extraordinarias, por el Ministerio de Economía y Finanzas entre 1980 y 1981.

La autocracia instalada en abril de 1992, no podía tolerar lo que constituía la esencia del proyecto descentralizador para una nueva gobernabilidad: la democratización del poder público y central.

La campaña de los voceros oficialistas y neoautoritarios presentó a la regionalización como "burocrática", "partidaria", "seudocentralista", "corrupta", y contraria a los Municipios. Embestida contra la regionalización que inundaba las páginas de los periódicos. Por ejemplo, en EL Peruano ( 4 de Junio de 1993, A 6-7), SE LEÍA: "Proceso de regionalización sucumbió ante la manipulación política... La improvisación y la ausencia de todo criterio técnico negaron la conformación de auténticos órganos descentralizados con base democrática...Los objetivos que perseguía la regionalización fueron paulatinamente desfigurados por un proceso a todas luces político que, lejos de obedecer criterios técnicos, privilegió intereses partidarios". Cualquier argumento era válido con tal de sepultar a los Presidentes Regionales democráticamente elegidos y reemplazarlos por funcionarios nombrados desde Palacio de Gobierno.

En Junio de 1992 se decretó la liquidación y disolución del Sistema de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú y su matriz: el INP. Esta medida alevosa fue una daga del neoliberalismo contra las posibilidades de desarrollo del país. Inspirada por el exministro Carlos Boloña, pulverizó el sistema de inversión pública que, desde el INP y los órganos sectoriales de planificación, orientaron 20 mil millones de dólares y cerca de tres mil millones en cooperación técnica no reembolsable durante sus treinta años de funcionamiento. De esa forma, también, se extinguió al Banco de Proyectos de Inversión Pública (apoyado técnicamente por la ONU), que sirvió para los procesos de negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El neoliberalismo peruano puso en práctica la creencia que el mejor Estado es el que menos gobierna.

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